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En la Argentina sólo hay registros en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Mendoza, pero ninguno de ellos es de libre acceso para la población. El diputado Diego Mestre pidió que se trate un proyecto suyo que libera el acceso a los datos. Cómo funciona en otros países. 

Los proyectos para avanzar con la creación de un registro público de condenados por delitos sexuales duermen en algún cajón del Congreso. Si bien existen instrumentos similares en algunas provincias como Chaco, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, no son de acceso abierto a la población. 
La muerte de Micaela García reactivó el debate sobre los registros públicos de delincuentes sexuales.

El diputado nacional Diego Mestre (UCR - Córdoba), pidió que el Congreso trate cuanto antes un proyecto de su autoría que "pretende dotar a la sociedad de información relacionada con los autores de delitos contra la integridad sexual”. Tuvo que morir Micaela García para que el tema cobre importancia, al menos por ahora.

 

El diputado explicó que su proyecto fue presentado hace dos años, en 2015, y todavía espera ser tratado por la Cámara Baja. "El proyecto tiene por fin darle a la ciudadanía la posibilidad de acceder a la información sobre las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. Se busca generar un sistema de alertas”, sostuvo.  

El diputado Diego Mestre pide que el Congreso trate un proyecto suyo al respecto. 

Esta iniciativa es diferente a la ley de 2013, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual, el cual reúne la información genética de los violadores pero que no es información pública. "Lo que estoy proponiendo es que se publique la información básica de los condenados por delitos sexuales, como el nombre, una foto actualizada, el domicilio, la carátula de la causa por la que fue condenado, en la página web del Ministerio de Justicia de la Nación y en las páginas de las provincias.

En Buenos Aires

Los datos de unos 2.200 abusadores condenados y con sentencia firme, contabilizados hasta la fecha, figuran en el Registro de Condenados por delitos contra la integridad sexual que funciona en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Allí puede conocerse información vinculada a libertades anticipadas, cumplimiento de condenas, unificación de causas, nuevos domicilios, reincidencia de las personas que cometieron delitos contra la integridad sexual.

El caso del padre Grassi, uno de los más resonantes de abuso sexual en la provincia de Buenos Aires.

El Registro de Condenados por delitos sexuales funciona desde 2010 bajo la órbita de la subsecretaria de Justicia provincial y permite consultar información vinculada a causas judiciales, datos personales de los condenados, datos biométricos como fotografías y huellas dactilares, información vinculada al delito y toda la referente sobre otorgamiento de libertades.

Pero la información no resulta de libre acceso para la comunidadsino sólo para las personas que tienen un "interés legítimo" en la causa. El organismo que mayor cantidad de consultas realiza es el ministerio de Seguridad de la Provincia.

En Córdoba 

En la provincia mediterránea son 1.514 los condenados por delitos sexuales. La cifra proviene del Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual, a cargo del Ministerio de Justicia de la Provincia.

La base de datos se puso en funcionamiento a fines de 2009, a raíz de la ley N° 9680, que creó el Programa Provincial de Identificación, Seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales y Prevención de Delitos contra la Integridad Sexual. El registro cuenta con los datos de cada condenado, su identificación genética y los delitos cometidos. La información no es pública y sólo puede suministrarse bajo una orden judicial.

El denominado “registro de violadores” funciona en dos ámbitos: el Ministerio de Justicia y la Policía provincial. El primero recopila los datos y el otro hace el seguimiento del condenado que recuperó la libertad.

En Chaco 

El Registro de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual funciona desde el año 2011 y lleva recabados datos de más de 1000 casos con condena firme. Fue creado en 2009, luego de sancionada la Ley 6334, que fuera impulsada por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Alicia Mastandrea.

En Chaco, el registro fue impulsado por Alicia Mastandrea. 


El registro está compuesto por fichas individuales que contienen los datos personales de los condenados por delitos contra la integridad sexual, a saber: nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, número de documento, domicilios real y legal, teléfono, grado de instrucción, profesión, condenas anteriores, lugar y fecha en que se cometió el delito, fecha de condena y pena recibida, y demás antecedentes procesales valorativos del historial delictivo. La ficha se complementa con huellas dactiloscópicas y fotografías del condenado.

Esta información está disponible para las autoridades judiciales que lo requieran, aunque existen restricciones serias para su difusión. Desde el caso Cabeza, asesino de Tatiana Kolodziey, el registro incluye a los condenados por delitos sexuales que se radiquen en la provincia, lo que permite un seguimiento y un control sobre las personas que han cometido este tipo de delitos.

En el mundo

Gran Bretaña: Dispone de la base de datos más grande del mundo, que alcanza las 38 millones de huellas genéticas de violadores y homicidas. Además, cuenta con un sistema de seguimiento satelital a delincuentes sexuales.

Estados Unidos. Desde 1996, la denominada Ley Megan (sancionada tras la muerte de Megan Kankan, una niña de sólo seis años) autoriza la publicación en un sitio Web de los datos personales de quienes hayan sido penalizados por este tipo de delitos. Mediante registros especiales brinda difusión acerca de las características y rasgos personales de agresores sexuales, a fin de evitar su reincidencia en otra jurisdicción del país. Desde 2003 sus datos son públicos. 

Francia: Desde 1998, la ley obliga al seguimiento de delitos sexuales reincidentes y la policía está autorizada a almacenar ADN, incluso de sospechosos no condenados. El mismo ex presidente Sarkozy propuso la aplicación voluntaria de la castración química para los pederastas después de la violación.

En Francia, el ex presidente Sarkozy propuso la aplicación voluntaria de la castración química. 

Australia. Tiene un registro de condenados reincidentes, a los que se puede privar de la libertad en forma indefinida. Este país también contempla la castración química voluntaria.

Canadá: existe el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales(National Sex Offender Registry en inglés) o NSOR por sus siglas en inglés, que entró en vigor el 15 de diciembre de 2004 con la aprobación de la Ley de Registro de Información de Delincuentes Sexuales (Sex Offender Information Registration Act, en inglés) o Ley SOIR (SOIR Act en inglés). La información no es de difusión pública.

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